Diez años después de su creación, la Pontificia Comisión publica un documento elaborado por un grupo de estudio que llevó a cabo investigaciones y estudios en los cinco continentes y en diversos institutos y congregaciones religiosas y en la Curia romana.
Fuente: Vatican News
«Me gustaría que me preparara un informe sobre las iniciativas de la Iglesia para proteger a los menores y a los adultos vulnerables. Esto puede ser difícil al principio, pero le pido que empiece por donde sea necesario para que yo pueda proporcionar un informe fiable sobre lo que está sucediendo y lo que es necesario cambiar, para que las autoridades competentes puedan actuar». Tras un largo e intenso trabajo, la Comisión para la Protección de Menores -órgano creado por el Papa en 2014 para proponer las iniciativas más adecuadas para prevenir los abusos en la Iglesia- responde a la llamada de Francisco y publica hoy, 29 de octubre, su primer Informe Anual sobre Políticas y Procedimientos de Protección. Unas 50 páginas, cuatro secciones, numerosos datos recogidos en los cinco continentes y en diversos institutos y congregaciones religiosas, y también en la propia Curia Romana, a la que se pide cada vez más transparencia sobre procedimientos y procesos.
El sufrimiento y la curación de las víctimas
El documento ha sido redactado por un grupo de trabajo presidido por Maud de Boer-Buquicchio, miembro de la Comisión y con una larga experiencia en la defensa de menores. En la portada aparece un árbol baobab, símbolo de la «resiliencia», la que han demostrado miles de víctimas al denunciar y luchar para hacer de la Iglesia un lugar más seguro y recuperar la confianza perdida a causa de estos delitos. En ellas, en su sufrimiento y en su curación, se centra el trabajo de toda la Comisión y el propio Informe.
Riesgos y progresos
Más en detalle, el Informe -dice- busca promover el compromiso de la Iglesia con una respuesta «rigurosa» a la lacra de los abusos, basada en los derechos humanos y centrada en las víctimas, en línea con las recientes reformas del Libro VI del Código de Derecho Canónico que estigmatiza el delito de abusos como una violación de la dignidad de la persona. El texto documenta los riesgos y los avances en los esfuerzos de la Iglesia por proteger a los niños. También recoge recursos y buenas prácticas para compartir en la Iglesia universal, y es una herramienta para que la Comisión informe de sus conclusiones y recomendaciones de forma sistemática para compartirlas con el Papa, las víctimas, las Iglesias locales y el Pueblo de Dios.
Mayor acceso a la información
Entre las «necesidades» que señala el documento está la de promover mejor el acceso de las víctimas y supervivientes a la información para evitar que se generen nuevos traumas. «Deberían diseñarse medidas para garantizar el derecho de toda persona a cualquier información que le concierna», siempre “respetando las leyes y requisitos de protección de datos”, dice el texto. Que también reitera la necesidad de «consolidar y clarificar las competencias de cada Dicasterio de la Curia Romana para garantizar una gestión eficaz, oportuna y rigurosa de los casos de abusos sometidos a la Santa Sede», sugiriendo la importancia de agilizar los procedimientos – «cuando esté justificado»- de dimisión o destitución de los responsables. También es necesario, según el informe, «un mayor desarrollo del magisterio de la Iglesia sobre su ministerio de tutela»; estudiar las políticas de daños y reparaciones para promover un enfoque riguroso de las reparaciones; y promover oportunidades académicas y recursos adecuados para los aspirantes a trabajadores de la tutela.
El análisis de las iglesias locales
En la segunda sección del Informe Anual, la atención se centra en las iglesias locales y se presenta un análisis de varias instituciones eclesiásticas. En primer lugar, la Comisión reconoce la importancia de acompañar a los líderes de las iglesias locales en su responsabilidad de aplicar políticas de prevención y respuesta. A continuación, garantiza «intercambios de datos normalizados» con los obispos locales y los superiores religiosos y explica que la revisión de las políticas y procedimientos sobre tutela por parte de los obispos tiene lugar a través del proceso ad limina a petición especial de una Conferencia Episcopal o de uno de los Grupos Regionales de la Comisión.
Más concretamente, Tutela Minorum examina entre 15 y 20 iglesias locales cada año, con la intención de examinar toda la Iglesia a lo largo de un periodo de 5-6 Informes Anuales. Cada Informe incluye también el análisis de una selección de institutos religiosos. Las Conferencias Episcopales en cuestión son: México, Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, Bélgica y Camerún. Las Conferencias que realizaron visitas ad limina durante el periodo del informe son: Ruanda, Costa de Marfil, Sri Lanka, Colombia, Tanzania, República Democrática del Congo, Zimbabue, Zambia, Ghana, República del Congo, Sudáfrica, Botsuana, e-Swatini, Togo, Burundi. Los institutos religiosos señalados son los Misioneros de la Consolata (femenino) y la Congregación del Espíritu Santo (masculino).
Falta de instalaciones y servicios
En su análisis de las Iglesias locales, la Comisión constata que «mientras que algunas instituciones y autoridades eclesiásticas demuestran un claro compromiso con la protección, otras sólo están al principio de asumir su responsabilidad institucional» frente al fenómeno de los abusos. En algunos casos, la Comisión constata «una preocupante falta de estructuras de denuncia y de servicios de acompañamiento» para las víctimas y los supervivientes, como exige el Motu Proprio Vos estis lux mundi.
Desequilibrios en las regiones continentales
Los datos recogidos por la Comisión en las regiones continentales también muestran algunos desequilibrios. Mientras que, por un lado, algunas zonas de América, Europa y Oceanía se han beneficiado de «considerables recursos disponibles para la protección», una parte sustancial de América Central y del Sur, África y Asia cuenta con «pocos recursos específicamente dedicados». Por ello, la Pontificia Comisión considera esencial «aumentar la solidaridad entre las Conferencias Episcopales de las distintas regiones», «movilizar recursos para alcanzar estándares universales de protección», «crear centros de denuncia y asistencia a las víctimas/supervivientes» y «desarrollar una verdadera cultura de la protección».
La Curia Romana
En la tercera sección, la atención se centra en la Curia Romana, que, como «red de redes», podría representar una especie de centro de intercambio de buenas prácticas en el ámbito de la protección para las demás Iglesias locales: «La Iglesia», afirma el Informe, «en el desempeño de su misión de promover los derechos humanos en la sociedad en general, interactúa activamente con una serie de poblaciones a las que debe garantizar normas adecuadas de protección».
Transparencia y recogida de información
El mismo organismo pontificio pretende promover una visión común y recopilar información fiable para fomentar una transparencia cada vez mayor en los procedimientos y la jurisprudencia de la Curia Romana en relación con los casos de abusos. Se señala que la Sección Disciplinaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha compartido públicamente información estadística limitada sobre sus actividades, y los autores del Informe solicitan acceso a más información. Otras acciones indicadas incluyen «comunicar las diferentes responsabilidades de protección de los diversos Dicasterios; “promover el desarrollo de estándares compartidos en toda la Curia Romana”; “difundir enfoques informados sobre traumas y centrados en víctimas y supervivientes dentro del trabajo de los dicasterios”.
Cáritas en el punto de mira
El Informe Anual presenta también los resultados de «estudios de casos» sobre las organizaciones Caritas: Caritas Internationalis, a nivel universal; Caritas Oceanía, a nivel regional; Caritas Chile, a nivel nacional; Caritas Nairobi, a nivel diocesano. Reconoce la «gran complejidad» de la misión llevada a cabo por Cáritas y los progresos realizados en los últimos años en el ámbito de la protección; al mismo tiempo, existen «grandes variaciones en las prácticas de protección entre las distintas instituciones». Este último aspecto preocupa a la Comisión.
La iniciativa Memorare
En el Informe también se da espacio a la iniciativa Memorare, que durante los últimos diez años ha recaudado fondos de las Conferencias Episcopales y órdenes religiosas para ayudar a las Iglesias con menos recursos. El objetivo de Memorare es desarrollar en el Sur Global centros de información y asistencia, competencias para la formación a nivel local, una red local de profesionales de la tutela. El informe detalla de que en 2023, la Comisión recibió para Memorare una primera donación anual de 500.000 euros de la Conferencia Episcopal Italiana (con un compromiso total de 1.500.000 euros); 35.000 euros del mundo religioso; la primera donación anual de 100.000 dólares de la Fundación Papal (con un compromiso de tres años de 300.000 dólares en total). Además, la iniciativa ha recibido el compromiso de la Conferencia Episcopal Española de apoyar los proyectos elegidos por recomendación de la Comisión con 300.000 dólares anuales (lo que supone un total de 900.000 dólares en tres años).
